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Dos grandes accidentes mineros en los últimos cincuenta años han aumentado las políticas de seguridad en Chile. Pero el más nuevo, ocurrido en 2010 en la Mina San José, trajo un efecto dominó que hoy se demuestra positivamente en cifras.

Cuando en 2010, Mario Sepúlveda junto a 32 compañeros salió de la Mina San José, luego de estar 70 días bajo tierra, se marcó un hito en la historia de Chile.

Pero aparte de la gran cobertura mediática mundial -película de Hollywood incluida-, hay un efecto concreto que si bien no es tan vistoso, es clave para la fuerza laboral de nuestro país: la disminución considerable de la tasa de accidentabilidad laboral.

El rescate de los 33 mineros, produjo en las empresas, el gobierno y la población, en general, una mayor preocupación en la seguridad. Lo importante es que rápidamente esto se tradujo en acciones concretas. Y las cifras son evidentes. Desde 2011, un año después del famoso accidente, la tasa bajó de 5,5% a 4,9% en 2012. Para 2013 el índice bajo al 4,3% y todo indica que durante 2014 seguirá decreciendo (ver gráficos).

“Lo sucedido en la Mina San José fue un antes y un después. Comienza a generarse un contexto social pro seguridad en los trabajadores, su familia y las empresas, que tiene que ver con una conducta más responsable”, comenta Julio Franzani, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Mutual de Seguridad. El ejecutivo agrega además: “La clave es que aumentó mucho la fiscalización y la capacitación por parte de las autoridades gubernamentales en el tema de seguridad laboral”.

Historia segura

Se podría decir que 2010 (tomando en cuenta el rescate de los mineros y el terremoto) es el segundo gran hito contemporáneo que ha tenido nuestro país en términos de seguridad laboral. El primero fue en 1968, consecuencia del trágico accidente ocurrido en la Mina El Teniente en 1962.

Si bien, la primera Ley Orgánica que cubre accidentes de trabajo nació en 1916, es a fines de los 60 donde surgió la ley 16.744, que sigue vigente en la actualidad. Ésta incluye el seguro social obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además, obliga a empresas y trabajadores a realizar actividades de prevención.

Su eficacia ha sido clara: A principios de los 70 la accidentabilidad laboral llegaba al 30% y a 2011 bajó a cerca del 5%.

“Creo que una de las claves al comenzar esta década fue que el sector productivo y la sociedad tenían claro que nuestra tasa de accidentes era ejemplar, si lo comparábamos con América Latina. Entonces, el objetivo ahora era disminuir la mortalidad, donde claramente los sectores clave eran minería, construcción y transporte”, comenta Franzani.

Como referencia, el 2011, la mortalidad en el área transporte llegaba al 7,9%. Los otros sectores altos eran la industria (7,8%), agricultura (6,8%) y comercio (6,2%).

Un año después y en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 27 de abril de 2012 comenzó a regir en Chile el Convenio 187 de la OIT. Claramente, otro hito clave. La normativa, que demoró dos años en ser aprobada por el Congreso, obliga entre otras cosas, a tener como país una “política nacional de seguridad” y promueve una infraestructura y cultura de carácter preventivo. Acto seguido, el ex presidente Sebastián Piñera, declaró que la meta del gobierno era llegar al 2015 con un 4% de accidentabilidad laboral.

“El hecho de que el gobierno pusiera el tema en la agenda, hizo que todos los organismos públicos, partiendo por la Superintendencia de Seguridad Social mejoraran sus políticas. Automáticamente, caló profundo en el sector privado y los trabajadores”, explica Sebastián Reyes, gerente de Estrategia y Desarrollo de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Y agrega “Toda esta metodología ha permitido que aumente la cultura de prevención de riesgos en Chile, mejorando la capacitación y los planes de seguimiento”.

Efecto dominó

En este contexto, las grandes empresas (especialmente las mineras), empezaron a exigirles a sus subcontratistas que tuvieran especialistas o bien, departamentos de prevención de riesgos, lo que trajo automáticamente una fuerte demanda por capacitación, que se dio de forma interna o bien, gracias a la oferta de entidades de educación.

Aparece también con más fuerza la importancia por certificaciones como la ISO 18.000 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional) y la ISO 31.000, que es una especie de guía para gestión del riesgo.

Además, cobran aún más fuerza los comités paritarios al interior de las organizaciones, especialmente en grandes compañías. Esto traerá aparejado una mayor judicialización de los accidentes graves y fatales. “Creo que prácticamente no hay ningún accidente con consecuencias graves que no traiga una judicialización. De hecho, en el Hospital del Trabajador y otros recintos similares, están llenos de carteles de abogados”, comenta el ejecutivo de la Mutual de Seguridad.

Nuevas tendencias

Pero hoy la seguridad laboral abarca un ámbito mayor que el de los “accidentes”. Ahora existe el concepto de “vida sana” o “vida saludable” que abarca con un paraguas aun más grande a los trabajadores. Incluso, en marzo de este año, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue aprobado el denominado “Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo”.

Según el Instituto de Seguridad de Trabajo (IST), “Los riesgos psicosociales (RPS) son entendidos como aquellas situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar en forma negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo.

Al respecto, Franzani comenta: “Si nos comparamos con los países de la OCDE estamos más atrasados. Pero esto es lógico. Primero nos preocupamos de la accidentabilidad, luego de la gravedad de los eventos y ahora, surge la preocupación por las enfermedades profesionales”.

El alcance de esta tendencia incluso tiene que ver con la forma en que el trabajo y/o el trayecto afecta en la vida personal de los empleados y viceversa. “En el fondo, se refiere a los efectos del medio en que un trabajador se desempeña y cómo mejoramos las conductas riesgosas”, apunta Reyes, de la ACHS.

Este protocolo además, es parte de un objetivo mayor que espera disminuir la incidencia de enfermedades profesionales -entre ellas los factores psicosociales-, para el año 2020.

Fuente: Pulso